DE NUEVO EN LA LINEA DE FUEGO

Buenos Aires, 29 de enero (Télam, por Alberto Dearriba).- Con su regreso a la Casa Rosada después de 20 días de convalecencia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habrá comprobado que nada cambió demasiado: los medios opositores continúan con su campaña de diatribas, los ruralistas insisten en enfrentar al gobierno que les abrió las puertas para negociar y el titular de la CGT, Hugo Moyano, amenaza con profundizar su distancia de la Casa Rosada.

Al retomar el mando, la Presidenta experimentó la agradable sensación de que los principales asuntos de gobierno habían sido seguidos con prolijidad por su reemplazante; algo que no hubiese sucedido durante su anterior mandato.

Nuevamente en funciones, Cristina se dedicó a seguir la situación planteada con las petroleras a las que se les obligó a eliminar el 30 por ciento adicional que le cobraban a los transportistas por el gasoil.

Durante su discurso de regreso a la Rosada, la presidenta advirtió que "se terminaron las avivadas". Y el vicepresidente Amado Boudou explicó después que se habían detectado maniobras especulativas con la compra de dólares por parte de un grupo de importadores: "Eran cuatro o cinco vivos que se llevaban la mejor

tajada", dijo el vicepresidente.

El gobierno impuso un sistema de ventanilla única para autorizar las importaciones, lo cual transparentará la operatoria del comercio exterior. El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, está encargado de controlar las importaciones que crecieron el año pasado en detrimento de algunos sectores industriales locales.

El objetivo oficial es que por cada dólar que se gaste en importación ingrese otro por exportaciones de productos industrializados.

Las medidas se extreman en previsión de los posibles efectos de la crisis internacional que pueden contagiar a la Argentina sólo por la vía del comercio exterior.

El cuidado de las reservas del Banco Central se convirtió así en una de las tareas centrales de la "sintonía fina", propuesta por la presidenta de la Nación para el año en curso, en tanto la sustitución de las compras externas por producción nacional fue un claro objetivo fijado desde el 2003 por Néstor Kirchner.

En tanto, el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, volvió a amenazar con sacar tractores a la ruta, pese a que el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, aseguró que el gobierno está decidido a acordar políticas agropecuarias con las provincias y los productores.

El gobierno trabaja para subsidiar con créditos las pérdidas ocasionadas a los productores que padecieron la sequía, pero Buzzi aprovecha la bolada para reclamar más ayuda. Algunos dirigentes ruralistas son liberales cuando se trata de rechazar tributos fiscales, pero estatistas cuando lo necesitan. El vicepresidente Boudou se exhibió claramente molesto con la actitud del titular de la FAA cuando lo acusó en declaraciones periodísticas por "hacer

politiquería".

Por su parte, el titular de la CGT, Hugo Moyano, parece haber puesto fin a la tregua que impuso la enfermedad presidencial. El gremio de camioneros que conduce su hijo Pablo amenazó con un paro nacional y una movilización para mañana luego de que se trabaran en el Ministerio de Trabajo las gestiones para solucionar un  conflicto sindical en la empresa Camuzzi, generado a partir de despidos en Gas del Sur, que prestaba servicios de distribución a la firma italiana.

Los sindicalistas enmarcan el conflicto en lo que califican como un ajuste aplicado por el gobierno para enfrentar los efectos de la crisis internacional.

En medio de ese panorama surgió un apresurado debate sobre una posible reforma constitucional luego de una reunión partidaria en Mar del Plata que estuvo presidida por Boudou. Pero el propio vicepresidente salió luego a explicar que "no es tiempo para eso" sino para aplicarse a la gestión.

Sea como fuere, está claro que apenas regresó la Presidenta a la Rosada retornó la política, que pareció estar suspendida durante 20 días.

Su innegable capacidad de gestión tiene un correlato en las encuestas. Según el índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella tras consultar a 1.200 personas en 40 localidades del país, la credibilidad del gobierno de Cristina Fernández es ahora un 27 por ciento más alta que un año atrás: el 67 por ciento de los encuestados se manifiesta "conforme" con la gestión presidencial y considera que "sabe" cómo resolver los problemas.