"JUSTICIA DE FAMILIA"

Trascripción de lo escrito, desde Neuquén y en  Facebook, por Eduardo Serralunga, el domingo 24 de marzo de 2013 a la(s) 0.16.

“Hoy cumplo 3 (tres) meses sin ver a mi hijo Diego Luis María, de un año y siete meses de edad.

El miércoles pasado -20 de marzo- asistí a una "audiencia de partes" convocada por la jueza de Familia número 2 de Neuquén, doña María Gabriela Avila.

Mientras esperaba subir al quinto piso de los Tribunales, sentado frente al ascensor junto a mi abogada, ésta me facilitó el expediente.

Iba a ser mi primer contacto con los argumentos por los que hace tres meses se me impuso una restricción de acercamiento al domicilio de la madre de mi hijo, lo que es lo mismo que decir que me impidieron acercarme a mi hijo.

Apenas había abierto el expediente, pasó por el lugar una empleada -ni magistrado ni funcionario, sino una empleada, de las mismas que el año pasado tuvieron al Poder Judicial inactivo por una huelga del sindicato que los agrupa- que dijo "¿el señor es el denunciado? no puede ver el expediente" y literalmente me lo arrancó de la mano y lo subió ella al despacho de la jueza.

Bien. Permanecí, entonces, en ascuas respecto de la acusación que pesa en mi contra y que motivó tamaña "medida cautelar" (impedirme acercarme al domicilio de la mamá de mi hijo, aunque no tengo prohibido ver a mi hijo, pero... es materialmente imposible que lo vea, ya que convive con su madre, abuela materna y dos hermanitos mayores en la misma casa).

Yo había podido designar a mi abogada recién el mismo día de la audiencia, porque como no tengo trabajo, no podía reunir antes el dinero para pagarle.

Conclusión: mi abogada leyó el más o menos voluminoso expediente durante la audiencia, a la que mi denunciante -la madre de mi hijo- pudo entrar y yo, no.

Confío ciegamente en mi abogada, así que no haber estado dentro de ese despacho me ahorró el disgusto de presenciar el "acting" (Tinellis dixit) de la mujer que me impide tener contacto con mi hijito.

En rigor -y ante la imposibilidad de la señora de argumentar sobre todo lo que había denunciado- 2 hs 45 minutos de las tres horas que duró la audiencia, ella también permaneció afuera.

Mientras la tuve cerca no le quité la mirada de encima y cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, ella bajó la cabeza. ¿Les dice algo esta actitud? Vean Lie to me, por Investigation Discovery, y después me comentan, ¿sí?

Bueno. "Así las cosas" (perdón por utilizar esta construcción semántica deplorable, pero más deplorable aún es lo que aquí les cuento), la audiencia entre mi abogada y el abogado de la contraparte (insisto, para que quede claro, mi contraparte es la madre de mi hijo Diego Luis María) transcurrió discurriendo acerca de si a este padre (este que escribe, así, ahora, en tercera persona) puede, tiene derecho, tiene la obligación o está en condiciones de tener contacto con su pequeño hijo.

El letrado de mi contraparte cumplía órdenes estrictas de su mandante de que "bajo ningún aspecto se me permitiera -a mí, el padre de Diego Luis María, el que lo recibió en la antesala del quirófano en el que se le practicó la operación cesárea a la madre, el 18 de agosto de 2011- tener contacto" con mi hijo.

Advertencia: en los Tribunales de Neuquén no pasa nada distinto de lo que sucede en los del resto del país.

Padre/hombre/varón/masculino es culpable hasta que no demuestre lo contrario. O sea: contra lo que dispone la ley, se invierte la carga de la prueba.

Para agregar vanidad a este presupuesto básico, el informe de la psicóloga que me entrevistó el 7 de marzo y que había hecho lo propio con la madre de mi hijo dos horas antes, afirmaba -palabras más, palabras menos- que nos encontrábamos en este pleito "la mejor madre del mundo vs. el peor padre jamás conocido".

Pues bien. Parece que a la jueza interviniente, todo lo anterior le pareció algo así como "demasiado" y sostuvo que la audiencia no podía terminar sin que se me otorgara la posibilidad de ver a mi hijo.

Entonces le preguntaron a la mamá de Diego si podía sugerir a alguien que se ocupara de acercarme a Diego (ya que aparentemente la restricción de acercamiento mío a esta señora persistirá in eternum) y la señora respondió que "no, no conozco a nadie en Neuquén", ciudad en la vive y trabaja como psicopedagoga hace muchos años.

Mi abogada sugirió que tal intercesión podía llevarla a cabo el padrino de Diego, mi primo Pablo Prenna, un hombre público, de actuación pública, nacido y criado en esta ciudad, persona intachable, miembro de una familia ejemplar.

La señora (la mamá de mi hijo) rechazó tal posibilidad porque a mi primo, el padrino de nuestro hijo, "lo vio una sola vez en su vida".

En fin: ante la indescriptible necedad, la mentira contumaz y la antonomásica insensatez, a la magistrada actuante -en cuya voluntad de resolver mi problema y el de mi hijo no puedo confiar, como no confío en el poder, y como no confío en el Poder Judicial- no tuvo más alternativa que disponer que yo me encuentre en tres oportunidades (en días y horas a definir, siempre después de la hora 13, por reclamo de la madre de mi hijo, quien adujo trabajar todos los días hasta esa hora-) con mi hijo que hoy tiene apenas cumplidos 19 meses de edad.

Dichos encuentros se llevarán a cabo en sede judicial (sí, en Tribunales) y en presencia de uno o más integrantes del "gabinete interdisciplinario" (el mismo al que pertenece la profesional que teniéndome media hora ante sus ojos vio en mí al peor padre del mundo y en la mamá de Diego a la mejor de cuantas pueden existir, tras una entrevista de la misma duración que la que sostuvo conmigo).

Me imagino charlando con mi hijo dentro de... 17 años... cuando la consulta con el psicólogo deje de ser una cuestión infamante, algo que deba ser ocultado, so perjuicio de ser considerado un "loco", un "anormal".

Al paso que va nuestro mundo, cuando mi hijo, en 2030, esté por entrar a la universidad y hagamos memoria juntos, quien sabe pueda contarle que fue por primera vez al psicólogo y a Tribunales cuando tenía un poquito más de un añito y medio de edad.

Por ahí su madre -si se cura de la terrible patología del alma que la aqueja, y para la que parece no haber más tratamiento posible que nacer de nuevo- le admite a Dieguito su exclusiva responsabilidad en este brutal desaguisado.

Yo, mientras tanto, me esperanzo en que Diego recuerde que vimos juntos cómo Argentina, de la mano de Messi, dio el segundo Maracanazo de la historia en 2014; que fuimos a la cancha con el abuelo y los tíos a ver a nuestro Olimpo tan querido; y que de la mano y codo a codo y contra toda desesperanza soñamos juntos con un mundo mejor, con un país hermoso y también justo y solidario, con una ciudad digna de ser vivida y compartida. Con una vida como la que cualquier padre que tenga sangre en las venas y alma en el cuerpo quiere para su hijo. Entretanto, y hoy, 24 de marzo de 2013, yo me pregunto... ¿justicia de familia?”.

Nota del editor (y también abuelo)

Desde algún punto de vista podría entender que “me comprenden las generales de la ley”.

Pero en este caso en particular, aún a sabiendas que (desde alguna consideración jurídica) es absolutamente así, prefiero decir, de antemano, que “me importa un carajo”, realmente, tomar en cuenta esa especie de admonición que me impediría expresarme respecto de la cuestión central de este comentario.

No conozco de aspectos judiciales mucho más allá (y ni ahí) de alguna circunstancia que como “vecino común de la calle” o, mínimamente, como “periodista con casi 56 años en el ejercicio de la función” pudieran involucrarme.

En cuanto a lo primero, apenas si una vez, más de 40 años atrás, debí presentarme en Tribunales, por un accidente de tránsito, del que fui protagonista.

En ese entonces, el juez hizo una apreciación que, más allá de su determinación, destacó cierta nobleza (no recuerdo ya bien si fue ese el término utilizado) implícita en mi actitud, al reconocer una falta; asistir al damnificado; y presentarme cuando me fue requerido.

En todo el resto de mi vida, tan sólo me fue necesario llegar (por vía indirecta) a Tribunales en razón de  alguna fallida “operación” en la que quedé “enganchado” por los errores de los que nadie está exento; y por haber obrado “de buena fe”, encima, en el otorgamiento de un poder.

He tenido, no muchas veces, que llegar a algún juez en la tarea eminentemente periodística, pero nunca “sintiendo” que eso podría ser lo mío dentro de la función.

Nunca me gustó, simplemente, andar detrás de temas judiciales. Aún así, no me fue ajeno que no todo se hacía como corresponde, en esos ámbitos, en todo tiempo.

Y si algo tengo presente es como el “exceso de garantismo” beneficia (hasta que no se dicte sentencia firme) a asesinos, violadores, traficantes y algunos otros especimenes reñidos, totalmente, con aquellas normas de convivencia que, por sí solas, deberían apartarlos de la sociedad y recluirlos perpetuamente en las penitenciarías.

Ese es un ángulo, no el más trascendente, que motiva este comentario.

Sí, con seguridad, aquel que abordo desde la condición de padre (de Eduardo) y de abuelo (de Diego Luis María), sobre quienes gira el eje de todo esto.

Desde hace 3 meses, Eduardo (mi hijo) fue privado de ver a su hijo (Diego, mi nieto), por alguna de esas medidas inconsultas de algún funcionario judicial neuquino, sin que importe mayormente su rango o jerarquía.

Sólo parece tener importancia aquello que, unilateralmente, denuncie una persona (la madre de Diego en este caso), apoyada con influencias políticas que parecen estar por encima de cualquier otra cuestión.

Los detalles del caso están explicados en las reflexiones de la nota central (“¿justicia de familia?”, su título) que he trascripto.

Si debo agregar alguna circunstancia, reiterada, que explica como por un lado se ha dicho una cosa y, por otro, se ha hecho todo lo contrario.

Del 18 de agosto de 2011 hacia adelante, la progenitora de Diego insistió en reclamar la presencia de los abuelos paternos, pese a la visita inmediata (para conocerlo y disfrutar de ese “evento” de alto contenido emocional) y el conocimiento de los un poco más de 500 kilómetros que los separan del lugar (Neuquén) de residencia del ya mencionado Diego.

A mayor abundamiento debo expresar que reiteradamente la ya nombrada progenitora del chiquito insistió en pedir la concurrencia de los “abu” (así los llamaba en un manifiesto alarde de hipocresía), pretextando que no hacerlo generaba que (su nieto) los extrañara.

Esta cita tiene su explicación: en toda ocasión que fue posible, allí estuvieron los abuelos paternos junto a Diego, incluyendo el festejo de su primer cumpleaños (el 18 de agosto de 2012), un día revelador, por sí mismo, de algo que sobrevendría después.

En esa jornada, un hecho desgraciado sirvió para poner de manifiesto qué poca importancia daban -la madre de Diego (y consiguientemente su abuela materna)- a la estrecha relación entre Diego y su papá.

Sólo les preocupó el “qué dirán” y, para nada, el hecho fundamental en sí: que el papá de Diego no pudiera estar en la fiesta programada.

Desde esa fecha hacia adelante fue vislumbrándose lo que sucedería, bien es cierto que el imaginario personal de uno no alcanzara a evaluar la dimensión de aquello que ocurriría.

Hubo más visitas a Diego, en las que madre y abuela materna no alcanzaron a disimular que pergeñaban algo.

Ocurrió, para desnudar la falsedad de requerimientos de visitas, con la medida de  restricción interpuesta por la madre de Diego para impedir, veladamente, que su papá pudiera verlo con normalidad, pese a haberse trasladado a vivir, desde Centenario a Neuquén Capital y a escasas 5 cuadras de distancia.

Esa perversa maniobra hizo explosión en la Nochebuena y Navidad 2012, y persistió de allí en más. Un evidente signo de haber sido elaborada con manifiesta mala fe y peor intención. Porque elípticamente, una medida judicial provoca el aislamiento de padre e hijo, con el agravante de producirse cuando el pequeño no llegaba (lo has cumplido ahora) a 19 meses de vida.

La disposición (última) de tan sólo hace unos días (tomada el miércoles 20) está ampliamente explicada en los puntillosos párrafos de la nota cabecera.

Resulta incomprensible que alguien (si ha evaluado concienzudamente el caso) disponga que un padre pueda ver a su hijo, de tan solo 19 meses, tres veces por semana; en una sede judicial y en presencia de uno o más integrantes de un “gabinete interdisciplinario”.

¿Acaso la misma funcionaria, que ha tomado tan a la ligera esa resolución, profundizó como es la vida del pequeño junto a su madre y su abuela materna?. ¿Midió las consecuencias a futuro del aislamiento que provoca el “es justicia” (o cúmplase) de su decisión?. Seguramente que no.

Se me ocurre discurrir (no encuentro otro término que me aleje de la desazón que todo esto provoca) que cuando por la edad cumplida Diego Luis María pueda acercarse a su abuelo paterno, éste (que no es otro que quien esto escribe) estará llegando, si Dios así lo quiere, a los 90 años.

También, me interrogo sobre si ¿puede alguien, de mente obnubilada vaya a saber con qué intenciones, provocar una situación tan traumática?, tan sólo por su condición de ¿psicopedagoga?, que parece habilitarla un poco más allá de cualquier límite.

Mientras trato de encontrarle alguna explicación razonable a tamaño despropósito, tengo presente que este lunes (25 de marzo) es el día de la Anunciación, que recuerda el momento en que la Santísima Virgen María recibió el anuncio de que iba a ser la madre de Jesús.

Evoco, también, que (este 25) se cumplirán 101 años del día en que nació “Panchita”, la bisabuela paterna de Diego (abuela de su papá y mamá de su abuelo).

Pienso, entonces, cómo pueden darse (salvando distancias y mucho más comparaciones que no corresponden) destinos tan disímiles para quienes el Señor les ha otorgado la sublime misión de ser madres. Toda otra consideración corre por cuenta de quien quiera leer y entender este comentario.

Luis María Serralunga