POLÍTICA AL DÍA DEL “PAGO CHICO”
Premura en “sacar” un nuevo
boleto de ómnibus. Números relevantes para los usuarios. Algún porcentaje no
muy claro. De lo bueno de Covelia a las deficiencias de hoy en día (residuos).
Estacionamiento pago, pero no muy difundido (pese a todo lo que se gasta en
publicidad). Integración ciudadana se manifiesta. Los radicales en aprontes:
sumarían, pero antes, ¿restarían?.
Juan Pablo Baylac |
Eso da un valor de 4,15 pesos por
viaje. Traducido esto, en la incidencia para quien debe (por razones laborales)
hacer dos traslados por mañana y otros tantos por cada tarde, de lunes a
viernes; y un par más los sábados (si no le toca turno vespertino), supone un
gasto de 91,30 pesos por semana. Si se proyecta eso a un mes completo,
aproximadamente (porque, hay variantes según el calendario), de 360 pesos y
fracción.
Si se diera una de las
alternativas que se están manejando como opción (fijando en 4 pesos el boleto), la cuenta, un poco más sencilla, fijaría en 16 pesos la erogación, por día,
para un “usuario tipo” que utiliza el servicio para ir a su trabajo, con más 8
pesos para el caso de los sábados, aunque es preciso contemplar que una gran
mayoría tiene extendida su obligación laboral a los sábados por la tarde. De mínima, serían 88 pesos por semana; vale
decir, alrededor de 350 pesos por mes.
Más allá que la inflación (que se
niega desde el INDEC) justifique el incremento, que pondrá en figurillas a los
usuarios del servicio público de transporte de pasajeros, llama poderosamente
la atención que haya habido tanta premura, desde el palacio municipal, en
ocuparse de la cuestión antes que se acentuara un previsible reclamo
empresarial.
Es que, aunque una porción de los
micros que deambulan por la ciudad estén rotulados como de la SAPEM (empresa mixta con
mayoritaria participación comunal), a nadie puede escapar que el municipio como
tal está “metido”, impropiamente, en el “negocio”, entiéndaselo así o de otra
manera encubierta, difundida para la “gilada”.
Lamentablemente, de un tiempo a
esta parte, todo parece ser así, “recuperando” para el estado municipal (con el
riesgo que eso conlleva) servicios que era preocupación de los privados.
A propósito, dos inquietudes que
comenta la calle (en voz baja). Una, del “dinero de todos y todas”, abonado
anticipadamente por los pasajeros para viajar, a través de la tarjeta urbana,
¿puede ser que un mínimo porcentaje se destine a respaldar el equipamiento de
una empresa privada, para la cual esto (el transporte) es una actividad “a
riesgo”?. Otra: desde el ingreso de SAPEM Ambiental al manejo de la recolección
de residuos, ese servicio, imprescindible, se ha deteriorado en relación a los
tiempos normales de presencia de Covelia en las calles bahienses. ¿Entonces?.
Hay un tercer “asunto”, de menor
trascendencia, pero que no por eso debe ser descartado. El municipio puso en
vigencia, sin mayores explicaciones (o si las hizo no trascendieron demasiado o
lo suficiente) el cobro del estacionamiento en la playa de la estación terminal
de ómnibus. Casi, podría decirse, entre una noche y la mañana siguiente. Sería
bueno, para no particularizar en circunstancias aisladas, para nada gratas, que al ingreso al sector, hubiera indicadores que sólo aparecen
cuando un vehículo (y su conductor) están enfrentando la “casetta” de control
del ingreso (ticket) y de la salida
(cobro/pago). Sería aconsejable, simplemente, ya que no son pocos los recursos que el
gobierno comunal destina a promocionar mediáticamente sus acciones.
En otro orden de cosas, hubo
un manifiesto, que tiene que ver con la situación en el cuerpo parlamentario
local. ”Se va a cumplir un año de una anomalía institucional en el HCD”, titula
Integración Ciudadana, a través de su bloque de concejales, en un comunicado
dado a conocer este lunes (12).
“Sin vicepresidencia segunda y
con la integración de las comisiones resultado de un acuerdo excluyente”,
consigna a manera de subtitulado, en ese informe, citando que es “un agravio
más a la institucionalidad local”
Ya en el cuerpo de su
documento, la bancada de ediles de IC manifiesta que “el HCD de Bahía
Blanca ha funcionado durante todo el año 2012 sin designar a su
vicepresidente segundo conforme exige su reglamento interno. Los
concejales de Integración Ciudadana, segunda fuerza del cuerpo deliberativo, se
debieron incorporar a las comisiones reglamentarias en los
lugares vacantes como resultado del acuerdo del FPV-PJ con otra fuerza
menor, Unión-Pro, a quien le asignaron la prosecretaría. Este último cargo
tradicionalmente le corresponde a la segunda fuerza legislativa”.
Martín Salaberry |
Dicen también que “lejos de
ello, no han demostrado el más mínimo interés por restablecer el desequilibrio
político existente. No obstante, en cada oportunidad que la necesidad les
apremia, convocan a la oposición para que colabore sancionando proyectos
enviados por el Departamento Ejecutivo”.
Integración Ciudadana,
explican, “ha asumido su rol de oposición con responsabilidad.
Nuestros concejales han trabajado en las comisiones ‘asignadas’ y su
producción legislativa se encuentra fuera de toda duda. Los
proyectos presentados, su participación en todas las reuniones con vecinos
y entidades, y sus intervenciones registradas por los medios de
difusión y en el parte de prensa del HCD son elocuentes”.
“De finalizar el año 2012
tolerándose en silencio las anomalías referidas, el oficialismo
demuestra la falta de respeto para con un sector de la oposición
a la que pretende, ingenuamente, ´sancionar´ con complicidades que solo
alientan intereses circunstanciales. Un agravio más a la institucionalidad
local”, puntualizan. El informe, por IC, está
suscripto pos Raúl Woscoff, Raúl Ayude,
Elisa Quartucci, Carlos Paoletti y
Norberto Martínez.
Saliendo de temas que son de
política por su relación con el manejo de la cosa pública (o su control si
cabe) para entrar en aquellos, que también lo son pero ligados a lo partidario,
se sabe que habrá un plenario, este lunes (12), desde la hora 20, en Donado
354.
Raúl Ayude |
¿Qué tendría de especial un
plenario más?, ya que son habituales esas convocatorias. Se dice, en
“mentideros”, que habría en consideración algún tema que, en cierto modo, puede
resultar urticante, cuanto menos. Se trataría de evaluar la situación de dos
“correligionarios”; uno, Juan Pablo Baylac, íntimamente relacionado con el
PROA; otro, Martín Salaberry, excandidato a intendente por la UCR en el 2011. Aventurar que
“medidas” se tomarán sería casi temerario, aunque se las imagine. Habría,
también, alguna novedad, no desdeñable, en la intención de sumar gente con
vistas a lo que se viene. Se verá…
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